No quiero un país fascista

¿Ha hecho alguna vez el Estado colombiano presencia en la Comuna 13 de Medellín?

El 11.08.10 en el noticiero de Caracol Televisión, se hizo pública la noticia de un fuerte enfrentamiento entre pandillas de la Comuna 13 de Medellín. Tal fue la gravedad del asunto, que las Fuerzas Armadas se vieron en la obligación de intervenir en dicho conflicto. Sólo así se pudo controlar la situación.

Esta no es la primera vez en que el Estado colombiano pone en ejecución el uso de la fuerza para contrarrestar la subversión de esta zona, para muchos marginada y “sin Estado”.

Ahora bien, la Constitución Nacional reconoce campos jurídicos tanto infranacionales como transnacionales  (art. 246 y 93 respectivamente)  que podríamos catalogar como sistemas jurídicos. Tipos de sistemas jurídicos infranacionales son el fuero militar o la jurisdicción indígena, ya que se salen de la convencionalidad del Derecho nacional y tienen campos de acción específicos. En el caso indígena, un ejemplo claro fue la sanción que la comunidad Paez en el Cauca le impuso a Piñacué por mentir. Tuvo que ir caminando hasta una Laguna (para los paeces sagrada) y allí golpearse con látigos en la espalda. Esto, que a los ojos de un ciudadano no-indígena representaría una ignominia y presentaría una acción de tutela, no lo es para los paeces, y además, tienen aval constitucional para hacerlo (ya que esas son sus normas).

Sin embargo, en el caso de violencia que se respira en la Comuna 13 de Medellín, el análisis tiene que ser distinto,  porque dichas organizaciones no son reconocidas por el Estado y operan desde la ilegalidad, por tal motivo, al considerar a estas “comunidades” como sistemas jurídicos, estaríamos deslegitimando el control del Estado, promoviendo así una ruptura del esquema Estado-Nación bajo el cual nos regimos, todo lo cual traería efectos desastrosos para el país. Para explicarlo mejor, voy a analizar el problema y las consecuencias que esto traería.

Como lo demuestra la noticia con la que inicié el texto, el Estado puede en cualquier momento utilizar el uso de la fuerza para combatir el crimen organizado, pues es soberano de vigilar y mantener el orden del territorio nacional. El Estado colombiano es además reconocido y aceptado internacionalmente por los demás Estados que respetan y apoyan dichas acciones.

Otro punto importante de análisis es el falso argumento que dice que la comuna es una zona sin control de la fuerza pública. Todo lo contrario. El poderío estatal conoce la lamentable situación de guerra que existe entre pandilleros en esta comuna, y por eso está en el imperativo de acabarlas. Sin embargo, no se puede caer en el error de reconocer a colectividades delincuenciales como sistemas jurídicos, ya que al hacerlo se estaría dando visto bueno, y lo que es peor, validando dichas acciones, lo que desencadenaría muy posiblemente en la multiplicación de dichas estructuras armadas. Como resultado de esto, Colombia quedaría convertida en Estado paramilitar y estaríamos pronto creando Auschwitz criollos en este nuevo país fascista, en el sentido en que sería una acción violenta avalada por el Estado.

Por las razones anteriores, es que considero impertinente elevar a la categoría de sistema jurídico a las organizaciones delictivas como las que operan en la Comuna 13. En vez de apoyar la ilegalidad, lo que se tiene que hacer es fortalecer nuestras instituciones y fuerzas armadas para erradicar definitivamente el conlifcto interno, no sólo existente en Medellín, sino en otras regiones del país, sólo así, alcanzaríamos pronto la paz que tanto necesita Colombia.

Diego Mauricio Olarte Rincón