Pensar y entender nuestro
territorio y las relaciones sociales que en él se desarrollan requiere despertar del atomismo social en el que nos
encontramos y darnos cuenta que decir “Estamos
en manos de muchachos armados, la vida de nadie vale nada” es en absoluto normal
aunque sea lo cotidiano en este país. Para abrir los ojos debemos entender un
componente fundamental de los procesos sociales, las regulaciones de los
mismos.
En Colombia la incapacidad de las
instituciones del Estado para mantener un monopolio del Derecho y con eso tener
control de la normatividad que ayuda a regular las relaciones sociales se ve reflejada
en un paisaje de múltiples ordenamientos normativos que cumplen la función ordenadora
en ausencia del Estado. La Sierra es un ejemplo de esto; por un lado, un
sistema de normas “jurídicas” que además de ser quebrantadas su incumplimiento
no implica ningún castigo. Edison,
comandante del bloque metro de las AUC no lo pudo decir más claro: “de tantos
homicidios que he cometido nunca me hacharon el que era”. Por otra parte una
incapacidad institucional para llegar a las zonas periféricas y establecer las
normas oficiales como dispositivo de ordenamiento.
La marginalidad de este barrio
permitió que el conflicto armado colombiano hallara aquí además de campo de
batalla, un terreno sin ley. Permitiendo que sistemas basados mayormente en
la violencia indiscriminada y el temor, es decir, sistemas más arbitrarios que los
estatales, sean aceptados; legitimando a los actores armados a ser creadores de
normas reguladoras de las relaciones entre los vecinos. Pues en este sistema de
normas está garantizada la coacción, siendo así las normas más efectivas a la
hora de solucionar disputas entre el barrio. En últimas, peor es nada.
Pero ¿existe aquí una pluralidad
de ordenamientos jurídicos? Bajo una visión positivista y rígida del Derecho
las normas que dicta el comandante del bloque metro carecen de validez jurídica,
por el simple hecho de no tener el componente de la autoridad estatal. Pero en Colombia
y en especial en lugares como La Sierra es
fácil notar la ausencia e incapacidad estatal para hacer valer su Derecho, por
lo que deberíamos preguntarnos si aún debemos mantenernos en una definición positivista
del Derecho si su componente principal, el Estado, está completamente deslegitimizado
y falto de autoridad.
Abrir los ojos significa darse
cuenta que definiciones como la del sociólogo Boaventura de Sousa Santos que
entiende por Derecho al “cuerpo de procedimientos y estándares normativos
regulados, que se considera exigible ante un juez o un tercero que imparte
justicia y que contribuye a la prevención de disputas, así como a su solución mediante un discurso argumentativo
acompañado de la violencia”[1]
incluye a todos esos grupos de normas que de formas diferentes, algunas buenas
y otras malas, ayudan a regular a una sociedad tan plural como la nuestra que
de otra forma viviría bajo la ley de la selva, pues ese supuesto agente central
(el Estado) no logra ni regularse a sí mismo. En pocas palabras en Colombia sí existe una
pluralidad de ordenamientos jurídicos. Y aceptar esto es abrir los ojos y
empezar a entender los caminos mediante los cuales el conjunto de normas jurídicas
estatales y no estatales deben
configurarse y funcionar dentro de un marco que impida que sea normal el
funcionamiento cotidiano de ordenamientos jurídicos como el del bloque metro de
las AUC en la Sierra.
[1] DE SOUSA SANTOS,
Boaventura. La Globalizacion del Derecho. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 1998 p.20.
Nathalie Buitrago
No hay comentarios:
Publicar un comentario